DEMOCRACIA Y JUSTICIA

La tragedia del crimen de la niña Mari Luz y el dolor humano que ha generado acapara la primera página de los periódicos, los editoriales y los informativos audiovisuales. Asístí, un poco por casualidad, en Heliópolis, a una manifestación de la comunidad gitana evangelista en demanda del esclarecimiento de su desaparación, y puedo confirmar la nutrida asistencia que acudió al acto.

Lo doloroso del caso no excluye hacer notar un comportamiento periodístico frecuente ante noticias como esta que, por su contenido humano y sus connotaciones que afectan al funcionamiento de la justicia en España, permite a muchos comunicadores estirar, alargar, explotar, con mayor o menor dosis de demagogia, una historia que les libera, durante un tiempo, de hacerse la angustiosa pregunta, ¿de que escribiré hoy?

Por lo que he podido leer, ver, escuchar, el debate se ha centrado sobre todo en la dimensión del castigo que merecería el culpable y en el fallo del sistema judicial.

Me voy a centrar en el análisis del funcionamiento de la justicia, no desde la perspectiva de este fallo puntual que se le atribuye, sino desde un punto de vista mas general.

Todavía en 1.982, a los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, les llamaban, los enterados, de la plaza de la astilla. La astilla era la parte menuda del gran soborno, el tronco, que planeaba sobre casi cualquier procedimiento judicial que se quisiera acelerar, y que solo se movía si se untaba convenientemente a los encargados de activarlo.

Por entonces me encargaron el control interno de una compañía dedicada a la importación de tractores rusos que, debido a una súbita subida de la cotización del dólar, se arruinó, y tuvo que promover en esos juzgados un expediente de suspensión de pagos. El abogado mercantilista que se encargó de ponerlo en marcha, me instruyó convenientemente sobre el asunto del tronco y la astilla, así que la información que cito es de fuente fiable, de primera mano.

En aquel tiempo, estábamos en democracia. Hacía siete años que había muerto el dictador, pero entonces el sistema judicial era tan resistente al cambio que seguía funcionando como si nada hubiera sucedido.

Llevamos treinta años de democracia parlamentaria y, cual es el estado de la justicia? El personal de los juzgados está en pie de guerra, sin que sus reivindicacioes se atiendan. Los directores de prisiones dimiten, incapaces de convivir con el hacinamiento que siempre va por delante de las inversiones, una sucesión de errores del sistema, hasta diez contabilizó un canal de televisión el otro día, acompañan el trágico final de Mari Luz, y por si fuera poco, ahora ponen en libertad bajo fianza a Juan Antonio Roca, el mayor criminal de cuello blanco de la reciente historia de este país, y lo hacen precisamente ahora, cuando solo tenemos un gobierno en funciones, mas pendiente de otras cosas que de sus funciones.

No estoy seguro, pero a la vista de los hechos, tiendo a pensar que Mariano Fernández Bermejo, el ministro de justicia en funciones, ha sido uno de los peores ministros que han pasado por ese departamento, pues ni uno solo de los problemas enquistados de la justicia española ha mejorado con su gestión.

Cómo podemos llenarnos la boca con las bondades de la democracia, si la condición esencial para que ese sistema parlamentario sea efectivo para los ciudadanos, es disponer de un sistema judicial bien dotado, humana y materialmente, que funcione con equidad y prontitud, para convertir la democracia, por medio de la aplicación cotidiana de sus leyes, en algo tangible para los demandantes de esos derechos y los obligados a una conducta legal que la transgreden, con la celeridad y oportunidad que los asuntos judiciales demandan? No podemos.

Ocho gobiernos democráticos se han sucedido en este país desde el final de la dictadura y ninguno ha sido capaz de dedicar las inversiones necesarias para resolver un problema de tanto contenido democrático como la modernización efectiva de la justicia en España. Trágico. Aunque la tragedia de Mari Luz haya oscurecido el sustrato que, de algún modo, no la ha evitado. Porque no me parece suficiente centrar los reproches en un error personal, sin asumir que es una buena parte del sistema judicial lo que está fallando.

La primera condición para resolver un problema es reconocer su existencia. Si todo queda en una repulsa o sanción del órgano de los jueces, y no se radriografía de manera exhaustiva el mal enquistado en el sistema, si no hay una verdadera revolución de inversiones, conductas, tiempos de resolución de los procedimientos y potenciación de órganos pluripersonales, en lugar de dejar toda la responsabilidad de las decisiones importantes en manos de un solo juez, si no se contempla el crimen de cuello blanco como un delito gravísimo que nos hace víctimas a todos los ciudadanos, si no se resuelve de una vez el grave problema del hacinamiento en las cárceles, con el consiguiente fracaso de su función rehabilitadora, no podremos decir que vivimos en una democracia plena.

Pero eso, los políticos ya lo saben. Se ve que tienen otras prioridades. En fin.

Lohengrin. 30-03-08.