PÚBLICO

El flamante nuevo ministro de Interior del gobierno central, Camacho, ha ordenado un bloqueo férreo de un espacio público, conocido como la puerta del sol, o la plaza de Sol, en la capital del Estado. Nos han acostumbrado a entender lo público como una competencia exclusiva del Estado,de cada uno de los gobiernos que ejercen la potestad normativa de ese contenedor enorme, que parece capaz de albergar distintas ideologías al servicio de un interés superior. En realidad, el Estado y sus ramificaciones, ejercen, cualquiera que sea el color de los partidos que lo dominan, las políticas que determina la ideología del poder, la única que ha sobrevivido a la decadencia de las ideas políticas que caracterizaron el siglo XX.
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Público, por el contrario, es algo que pertenece a todo el pueblo. Dado que el concepto abstracto de pueblo se segmenta en la realidad en diferentes sensibilidades ciudadanas, se puede pensar que el uso de un espacio público por uno de esos segmentos, no debe impedir el uso alternativo, o sucesivo, del mismo espacio, por otros colectivos. Sin embargo, en las imágenes que se vieron por televisión del espacio público de Sol, allí no había nadie reclamando el mismo espacio, por lo que solo puede entenderse el bloqueo de la plaza como una medida preventiva para evitar una ocupación permanente que dificultara futuros acontecimientos a celebrar allí.

Del mismo modo que lo público no es propiedad del Estado, sino del pueblo, la decisión de bloquear ese espacio por la fuerza no era la única alternativa posible, puesto que Madrid es una ciudad lo suficientemente grande y equipada para atender distintos actos a la vez, en diferentes lugares.

Si asumimos que el colectivo que intentaba ocupar Sol es, en estos momentos, el segmento mas activo, crítico, y con mas opciones de cambio en su movimiento de los que suelen pulular por los espacios públicos, la decisión política del ministro Camacho, excede de la razonable cautela para preservar el orden público, y roza el ataque a la libertad de expresión.

Hasta que no interioricemos, todos, que la soberanía del pueblo no es una concesión constitucional, sino una realidad social que está por encima de la propia constitución, que la inspira y que invita a modificarla, contra el inmovilismo de la ideología del poder, no vamos a tener claro el concepto de lo público.

Ese reconocimiento, naturalmente, no es una invitación a la anomía. Las normas son necesarias para una correcta convivencia, pero cuando un colectivo, cargado de razón, pone en cuestión normas obsoletas, cuya aplicación produce mas quebranto que beneficios a la mayoría del pueblo, es legítimo desobedecerlas, transgredirlas, hasta conseguir su modificación, o, en su caso, su eliminación.

Impedir la libre circulación o el asentamiento de los grupos que discrepan y reclaman esos cambios, con independencia de la intención del ministro, que no dudo que pensará que esa medida está justificada, formalmente nos emparenta con otros poderes que, en su momento, levantaron muros, y aún hoy en día, cierran fronteras, para impedir la libre circulación y expresión de sus pueblos. Lamento decirlo, dadas mis simpatías por lo que queda de la izquierda, pero así es como yo lo veo.

Precisamente, el ministro Camacho, es alguien a quien debemos estar agradecidos pues ha dedicado su experiencia política a defender las competencias normativas del Estado, en su vertiente mas extrema, la de evitar que el derecho a la vida, sin el que los demás derechos no pueden ejercerse, fuera conculcado por ETA.

Algo ha debido influir en Camacho para tomar esa decisión. La costumbre en su departamento, declarada de modo explícito en varias ocasiones por su anterior titular, de no ofrecer mayor credibilidad a las encuestas, puede ser uno de esos elementos influyentes. Sin embargo, la prensa escrita ha divulgado estos días que el apoyo expreso al movimiento 15-M se cuenta por millones entre la ciudadanía.

Si esas encuestas son fiables, es una parte muy significativa de la población la que se ha visto privada de circular libremente, asentarse, manifestarse, en un espacio público que contra lo que se piensa, no es propiedad del Estado, ni siquiera de los comerciantes que ejercen allí su oficio. Ese espacio público, como cualquier otro es, antes que otra cosa, propiedad del pueblo, y en la medida en la que quien se manifiesta representa a una parte esencial de la población, aunque sea minoritaria, impedírselo es mas propio de una torticera aplicación de la ideología del poder, que una cautela democrática.

En fin. Público.

LOHENGRIN (CIBERLOHENGRIN.COM) 4-08-11.