JUSTICIA Y PODER

Al justicia de Aragón lo ajusticiaron cuando quiso ejercer su independencia frente al poder real. A los jueces italianos que decidieron quitarse la venda de los ojos para luchar contra el poder mafioso en Italia, que imponía la confusión corrupta entre mafia y justicia, los llenaron de plomo con el mismo procedimiento expeditivo que se practicó en Chicago en los años treinta. Quiere esto decir que la balanza de la justicia se ve inclinada en ocasiones del lado que no toca, por el mayor peso que ejerce el poder sobre ella cuando ve en peligro sus privilegios, en perjuicio de la correcta y rápida aplicación de las leyes a la que aspiramos la mayoría de los ciudadanos.

El poder suele ser corrupto, no por su propia naturaleza, sino porque las personas que lo ejercen, en ocasiones, han debido cerrar los ojos y los oídos, pero sobre todo la nariz, a ciertas prácticas malolientes que han aceptado que otros hicieran por ellos para alcanzarlo. También porque, una vez alcanzado, el grado de impunidad que suele acompañar ese estatus es una tentación a la que no todos se sustraen. No creo que el poder sea, exactamente, corrupto por definición, pero si que los intereses particulares de esas minorías que buscan beneficiarse de los corruptos, acampan en la cercanía de las parcelas de poder, como una manada de lobos, alerta para lograr sus fines.

Para que el poder no sea corrupto, o del todo corrupto, hace falta el contrapeso de la ética y cuando esta se abandona, casi siempre en nombre del pragmatismo, lo que queda es una criatura descarnada, desprovista de cualquier resto de sentimiento humano, capaz de cualquier aberración para perpetuarse en la situación de privilegio que habita, casi siempre en compañía de quienes le han animado a usar del pragmatismo sin ninguna traba, hasta que se desgasta, aunque ya dijo Andreotti, en palabras calificadas de cínicas por González que, el poder desgasta, sobre todo, a quien no lo tiene.

No es extraño pues que, cuando a algunos jueces se les propone enfrentarse a una situación en la que deben actuar contra alguien investido de poder político, ejerciendo la independencia judicial que se les atribuye, en asuntos comprometidos, huyan despavoridos hacia horizontes profesionales mas tranquilos y rechacen meterse en semejantes berenjenales.

Los jueces, sobre todo los que inician su carrera, solo son estudiantes de derecho que se han licenciado con méritos suficientes para aprobar la correspondiente oposición, pero que no se sienten capaces de opositar a Notarías. Le da usted una Notaría a uno de esos jueces novatos, y la cogería encantado, con tal de no enfrentarse al peligroso dilema que supone juzgar a un poderoso, aunque se trate de un poder menor, local, municipal o provincial.

Todo esto viene a cuento de las dificultades para encontrar jueces que juzguen, después de años de dilaciones burocráticas, las conductas presuntamente delictivas de Fabra en Castellón. La cosa sería mas fácil de resolver si, en estos casos de presunción de delitos fiscales o económicos, se contemplara por las leyes la intervención del jurado popular. El juez, en estos casos, se ha de apoyar sobre todo en la intervención de los técnicos, de los expertos y especialistas en materias que el juez no conoce en profundidad, por lo que sus conclusiones finales se basan, sobre todo, en el trabajo de los expertos.

En consecuencia, nada impide descargar al juez del mal trago del veredicto final, que sería asumido por los miembros de un jurado popular que, por cierto, en esta clase de delitos, serían los mas indicados para impartir una justicia ejemplar. Seguro que no habría tantas dificultades para constituir ese jurado, como las ha habido para encontrar jueces que resuelvan el caso. Si fuera necesario, yo mismo me prestaría voluntario y estoy seguro de que habrá muchos mas candidatos disponibles que acudirían enseguida, en lugar de huir de un modo penoso, como están haciendo durante años los profesionales encargados de impartir justicia a este personaje tan singular.


La justicia, en España tan deteriorada por un funcionamiento burocrático ineficiente, cuando no incompetente, con tantas sentencias en espera de ejecución, con tantas leyes deficientes en su aplicación, no debería prescindir de la ayuda de los ciudadanos para aliviar su carga de casos empantanados y sin resolver, sobre todo, porque el Consejo del Poder Judicial dice que esa tarea, poner orden en los juzgados, le incumbe al Ministro de Justicia, lo que indica que no se sienten aludidos por la gravedad de la situación.

Están por encima de esas menudencias. Ya lo expresa el nombre del organismo del que forman parte. Consejo del PODER judicial. Entre poderes va la cosa y entre tanto, la JUSTICIA con mayúsculas, no mejora. Delegas cualquier forma de poder en alguien, y la has jodido. Enseguida se creen poderosos, ni se les ocurre pensar que solo ostentan un poder delegado al servicio de la soberanía del pueblo.

LOHENGRIN. (CIBERLOHENGRIN.COM) 3-01-09.