LA MOROSIDAD

La morosidad, ese retraso en atender el pago de deudas ya vencidas, preocupa, sobre todo, a los banqueros, porque los índices que la miden crecen muy rápido, y es sabido que buena parte de esos morosos, terminan por revelarse como insolventes, lo que supone la imposibilidad de recobrar la cuantía de la deuda morosa.

Sin embargo, esa morosidad que afecta al equilibrio interno de las entidades financieras, si bien determina una mayor prudencia de los bancos en la concesión de créditos, está presente con otras modalidades en diferentes ámbitos económicos y financieros, no bancarios, y sus efectos son aún mas dramáticos para las empresas y el nivel de empleo que para los bancos, que ya tienen constituidas provisiones para hacer frente a esos riesgos.

Hablo de los proveedores de la Consellería de Sanidad en Heliópolis, por ejemplo, que, según publica el “Levante” de hoy, sufren un retraso de mas de seiscientos días en el cobro de sus suministros y servicios. Aquí el moroso es la propia Generalitat, la misma institución que vocea a diario sus planes para ayudar a los empresarios a capear la crisis. A ver si pagáis lo que debéis y os dejáis de chorradas y planes fantasmales, que nunca se convierten en realidad.

Hay un montón de empresarios en este país que se han quedado colgados porque las diversas administraciones que contratan sus suministros y servicios, no les pagan en tiempo y forma, hasta tal punto es así que, al parecer, se va a abrir una línea de crédito para que acudan a ella todos aquellos empresarios cuyo principal moroso es alguna de las muchas administraciones que contraen deudas y no pagan.

Algún servicio de estudios debería ocuparse de medir cuanto del incremento del paro en las cifras oficiales se debe a a esa laxitud de las administraciones para cumplir sus compromisos.

Hay otras demoras en los pagos que, aunque no se puedan calificar estrictamente de morosidad, tienen los mismos efectos. Las grandes constructoras descubrieron hace años en este país que, pagar a los suministradores y a los subcontratistas a ciento ochenta días, era un chollo que se podían permitir por la estructura de oligopolio de sus mercados. Unos pocos compradores, que se ponían de acuerdo, y muchos vendedores de bienes y servicios, mas bien atomizados.

Estos abusos no se daban en otros países europeos pero aquí, hay ejemplos abundantes del mal uso de esa posición dominante, que pone a algunas empresas al borde de la quiebra. Trabajé hace unos años para una empresa de electrónica industrial que fue comprada por Dragados. En una ocasión se consiguió un contrato sustancioso, 3.000 millones de pesetas en señalización electrónica. Apenas constituida la Unión Temporal de Empresas que iba a gestionar la obra, tuve que ir con el NIF en la boca a Madrid porque, ese mismo día, Dragados se iba a embolsar seiscientos millones en concepto de acopio de materiales. Es decir, un anticipo para comprar suministros. Al mismo tiempo, los primeros suministros para esa obra se habían contratado con un plazo de pago de ciento ochenta días. El negocio financiero era redondo, y así como antes, una empresa que contrataba con el estado tenía que poner dinero para empezar la obra, con esa ingenioso procedimiento era al revés, cada nueva obra contratada suponía un enorme flujo de recursos que iban a parar al Banco Central, primer accionista de Dragados.

Hubo intentos de que las autoridades comunitarias de Bruselas prohibieran esas prácticas abusivas, pero las influencias de las grandes constructoras y de los bancos que estaban detrás se encargaron de que no prosperaran esas propuestas. Esa práctica se ha prolongado hasta ahora mismo, y son multitud las empresas que al añadirse la crisis sobrevenida a sus precarias estructuras de financiación , se han venido abajo.
La evidencia indica que las altas tasas de morosidad que ahora ponen en peligro la salud y el equilibrio del sistema, las ha generado el propio sistema. Sin embargo, las consecuencias jurídicas
de esas insolvencias van a caer sobre las espaldas de los deudores, que van a perder sus inmuebles, sus empresas y sus empleos, como si los efectos de esa situación se debieran únicamente a su responsabilidad individual, cuando es un hecho que se trata de una responsabilidad compartida entre deudores y acreedores.

Es necesario que se tomen medidas políticas para repartir el coste social de esa morosidad, que afecta a miles de empresas y millones de personas. Está bien aplazar el pago de las hipotecas, pero, ¿que hacemos con los miles de empresas de tamaño medio que están medio hundidas por las deudas de la propia administración o por los abusos de los grandes grupos empresariales?

Abrir una línea de crédito específica para aquellos empresarios que están ya demasiado tiempo sin cobrar de la administración, está bien. ¿Para cuando una propuesta de norma en Bruselas, no boicoteada por los grandes, que acabe con el abuso de los ciento ochenta días? Ya va siendo hora, digo yo. ¿O hay que esperar a que se hundan todos?

LOHENGRIN. (CIBERLOHENGRIN.COM) 3-03-09.