Llama la atención que un asunto como ese fuera objeto de pacto, y en cambio la educación y la salud públicas, que afectan prácticamente a la totalidad de la población, sean campo de batalla de distintos intereses, pecuniarios e ideológicos, siendo como son las bases de un sistema de democracia sólida y avanzada, con un alcance universal.
En Heliópolis, desde que gobiernan los conservadores, los ciudadanos hemos pasado de vivir en una comunidad cuya sanidad pública estaba en los primeros lugares del ranking a otra que es el furgón de cola en ese servicio vital, sin cambiar de domicilio.
El asunto es complejo. Esa es siempre la respuesta de los responsables de algo que va mal. Que viene a decir, usted no tiene ni idea del asunto, no está capacitado para opinar. Sin desconocer que el número de usuarios de la sanidad ha crecido de un modo exponencial, y que tal vez hay lagunas en la financiación de los costes que generan los no residentes, no es menos cierto que hay una actitud ideológica y unos intereses concretos, detrás de la débil respuesta a este problema del gobierno conservador, al que se le renuevan los mandatos, sin que sus insuficientes logros en este campo y en el de la educación lo merezcan.
La derecha es una posición geométrica, pero está llena de gente, que tiene unos intereses determinados. De modo simultáneo al deterioro creciente de la sanidad y la educación públicas, la medicina privada y la educación concertada o privada viven una etapa de expansión que es directamente proporcional a ese deterioro. El debate entre lo público y lo privado carece de sentido si no se acompaña de la necesaria calidad en la gestión, pero es un hecho que, a igualdad de calidad, los conservadores tienen una inclinación ideológica contra lo público, que identifican como socialista, precisamente porque nunca se hizo un pacto que dejara a salvo de las reyertas ideológicas los valores fundamentales de la democracia moderna, la educación y la salud.
La ausencia de ese pacto está produciendo, aquí, resultados catastróficos. Asistí, ayer, como oyente, a una reunión de padres de niños que apenas tienen dos años, y pude apreciar el sentimiento de histeria colectiva, por no decir de pánico, de la mayoría de los padres que asistían, ante la eventualidad de que sus hijos, en su momento, tuvieran que ir a la escuela pública. Me pareció tan demencial que uno de los valores básicos de las democracias avanzadas, la educación pública, gratuita y universal, estuviera tan ausente en los ciudadanos, que llegué a la conclusión de que no vivimos en una democracia avanzada, sino frágil. Los argumentos escuchados, sobre la presencia de inmigrantes en las aulas, me confirmaron en esta impresión.
Tengo hijos que trabajan en el sistema educativo y dicen que, efectivamente, el deterioro en las aulas es tan creciente que, aun sin compartir los argumentos de los padres, entienden su deseo de alejar a sus hijos de un sistema que está en franco deterioro.
Hay organismos internacionales que confirman con sus evaluaciones que este país que atrae a tanta gente como si fuera la Arcadia feliz, disfruta de posiciones de cabeza cuando se mide su progreso económico, pero que en materia de prestaciones, de calidad de su sanidad y educación, y de otros parámetros de carácter no económico, ocupa puestos que no están en relación con su crecimiento económico. Es decir, que retrocede hacia las democracias poco avanzadas, salvo en lo económico.
Esto no es un asunto de ideología, como podría parecer. Los países europeos con democracias consolidadas hace mucho tiempo, hace decenios que no ponen en cuestión los sistemas educativos y sanitarios públicos, que no son causa de disputa partidaria, sino un sólido logro democrático consolidado, un asunto de Estado, que funciona con autonomía, profesionalidad y eficacia, con independencia de que estén unos u otros en el gobierno.
Aquí, hemos cambiado los planes de estudio, los sistemas, los niveles, las denominaciones y los contenidos de la educación pública, casi cada vez que un partido de una u otra ideología ha alcanzado el gobierno. El resultado está a la vista. Una educación pública cada vez mas deteriorada, de la que huyen los ciudadanos, en lugar de estar orgullosos de ella.
Está claro que los sistemas educativos ya no asimilan mas cambios, sobre todo si son a peor. Tendrán que cambiar, pues, los políticos. Asumir que la educación y la sanidad son asuntos de Estado, que requieren un gran pacto --lo que nunca se ha llevado a cabo desde la transición a la democracia-- si queremos aspirar a configurar, alguna vez, una democracia avanzada.
Lograr un pacto en un escenario de mayorías absolutas es poco probable, pues la parte favorecida por esa mayoría lo juzgará innecesario. Es necesario que los electores arrebatemos a los partidos las mayorías absolutas, para obligarlos a una política de Estado.
Es una opinión.
Lohengrin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario